Amnistía

 

S. Clarós

Hace justo un año, cuando el enfrentamiento entre los socios de coalición llevó a Junts per Catalunya a salir del Gobierno de la Generalitat, se me antojó que era el fin de aquel episodio que se había iniciado con la polarización soberanista del procés. Que se revertía el proceso a través del cual los astros catalanes, atrapados por un campo de fuerzas emocional, dejaron de girar según la newtoniana lógica de clase para hacerlo alrededor de un nuevo eje cuántico soberanista. La nueva órbita cambió lógicas y mayorías parlamentarias hasta su colisión en la fallida declaración de independencia. Con la crisis del gobierno de la Generalitat de octubre de 2022, el nuevo campo de fuerzas del independentismo sucumbía por fin ante un argumento de calibre superior: el conflicto social de clase que nunca dejó de estar ahí, y otro más débil: el enfrentamiento partidista que venía desgastando y desacreditando el orden gravitacional de la política catalana. Permanecían, sin embargo, tras la colisión y ruptura del Gobierno, algunos fragmentos del contexto orbital que, cual cometas, nos visitan a menudo para el deleite de soñadores.

En el momento actual ha remitido la gravedad del contexto catalán, y la sombra de sus amenazas, aun siendo del calado de la crisis climática, la sequía y los síntomas de desaceleración de la economía, entre otros, ante una guerra en la frontera de Europa que se alarga. Tras las elecciones del 23J y la fallida investidura de la derecha rampante, o la “derechona” como diría Francisco Umbral, un aire de alivio barre la Península con el deseo de un otoño más húmedo a la espera de la investidura de Pedro Sánchez y posterior reedición del gobierno progresista. La llave para que ocurra, en la España dividida casi a mitades donde desempatan y deciden los escaños nacionalistas y regionalistas, es un acuerdo a varias bandas con la condición de iniciar un proceso que lleve a resolver el problema de la estructura territorial del Estado. El independentismo catalán exige además una amnistía para los procesados en los hechos de octubre de 2017.

Los de mi generación asociamos amnistía a reconciliación. En el recuerdo permanece indeleble aquel clamor popular “Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia” que era el principio fundacional de la Assemblea de Catalunya. Aquello se saldó con una Constitución que dio lugar al estado democrático de las autonomías, bajo delicados equilibrios entre las fuerzas políticas, el hervor de la calle y la vigilancia tensa en los cuarteles. La apelación a la convivencia era patria común de una mayoría cuya primacía fue la transición hacia un estado democrático rehuyendo el conflicto civil y dejando atrás 40 años de dictadura.

Si pronunciar la palabra amnistía causa revuelo, ahora que los ecos del 15M de 2011 que daban por superado el “régimen del 78” suenan cada vez más lejanos y las izquierdas espumeantes emergidas de las efervescentes plazas sedimentan y solidifican el corpus político, es por la latencia de un conflicto aun no resuelto. La intolerancia y la cerrazón, incluso el odio remanente se ha ido ensimismando entorno a la extrema derecha populista que aquí, como en otros lugares de Europa, desplaza el centro de gravedad del conservadurismo hacia extremos fascistoides. En cualquier caso, observamos como el nacionalismo español se crece en la medida que la reivindicación independentista se hace consistente, y viceversa. El “a por ellos” define perfectamente la esencia populista: “nosotros” contra “ellos”. O sea, la necesaria fractura del espacio político, que es la única forma bajo la que sobrevive el populismo. No esperemos acercamiento por ese lado.  

La amnistía no pretende resolver el conflicto. Como dicen los líderes independentistas, solo es el principio porque su cometido es otro. Es la condición necesaria para una reconciliación que transforme el enemigo en adversario, sin la cual no es posible la democracia. Entonces, hay que entender la amnistía desde el acuerdo y el compromiso de quienes se proponen redefinir el marco territorial desbordado por el sentir y la aspiración de los territorios y nacionalidades, y precisa en consecuencia una enmienda al actual Estado de las Autonomías. Amnistiar es dejar sin efecto actos y sus consecuencias jurídicas que fueron cometidos ante aquella insuficiencia. Ante la incapacidad del Estado para dar cumplimiento al sentir popular.

¿Cuál será el siguiente paso? No todos los problemas se resuelven votando. Algunos exigen algo diferente a lo que se consigue cuando una votación configura una mayoría. Daniel Innerarity dice con relación a la petición de referéndum que: “no se trata tanto de votar como de construir este tipo de voluntad popular que se fracturaría si se tuviera que votar, o sea, una victoria de unos contra otros. Hay cuestiones que se pueden resolver simplemente contando los votos, pero otras para las cuales hace falta un acuerdo más amplio, o sea, una voluntad política más integradora”. Para ello hay que alcanzar un nuevo acuerdo o contrato social entre los territorios y naciones que establezca un nuevo marco de relación y convivencia.

Si se me permite una excursión al origen etimológico, señalaría la diferencia entre escoger o elegir y refrendar. Un referéndum debe servir para confirmar con el voto popular directo una decisión, una ley. En consecuencia, se lleva a referéndum algo que está maduro para que lo sancione o no el pueblo. No es el caso de la independencia de Catalunya, donde la opinión está dividida al menos a mitades. Donde no hay acuerdo, no ya entre catalanes y españoles sino entre los mismos catalanes. El acuerdo para un nuevo marco de encaje de la nación catalana en la Constitución debe ser construido sobre esa voluntad política más integradora a la que se refiere Innerarity. Un logro perfectamente posible si se aborda desde la voluntad de reconciliación, la generosidad y la determinación, como se ha señalado desde los partidos de la coalición de gobierno.